En paralelo al debate que la industria inmobiliaria ha iniciado sobre los alcances de una posible desregulación del sector, los analistas también ponen en foco diversos mecanismos que se han normalizado en las últimas décadas. Entre las prácticas más criticadas –y que hablan de la parcialidad con que se manejan múltiples aspectos de la actividad– aparecen la persecución y el hostigamiento que los Colegios de Corredores Públicos y Martilleros ejercen sobre los profesionales.

Decenas de colegiados que “se animaron” a apostar por nuevas herramientas y nuevas formas de hacer negocio (como los corredores que han recurrido al trabajo con los servicios inmobiliarios que ofrecen las franquicias) han sufrido el escarmiento: denuncias infundadas, multas y suspensiones para ejercer la profesión. 

Los cuestionamientos han recaído en todos los casos sobre los Tribunales de Disciplina de los Colegios, haciendo especial énfasis en su falta de ética. La parcialidad con la que se manejan estos órganos aparece, de hecho, entre los principales argumentos de quienes entienden que es necesario transformar el sector inmobiliario modernizándolo y aportando transparencia.

Los Tribunales de Disciplina de los Colegios –tal como afirman los propios colegiados– perdieron hace años su misión original y actualmente solo funcionan como “ejecutores” de los deseos de las dirigencias. Se han transformado en una herramienta de presión: como voces del oficialismo, son utilizados por las comisiones directivas para perseguir profesionales y presionar sobre propios y ajenos.

Todo el andamiaje de las imputaciones formuladas por esos órganos –que se utilizan para justificar graves sanciones a los profesionales perseguidos– suele asentarse sobre meras conjeturas de los Consejos Directivo denunciantes, de los Tribunales de Disciplina departamentales y de los Consejos Provinciales. “Simples especulaciones que pretenden elevar a la categoría de indicios a partir de una examen superficial de la documentación colectada de sitios de internet o de redes sociales”, tal como sostuvieron los jueces en un fallo de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo que resultó bisagra: en esa sentencia categórica, que sentó precedente, la Justicia desarticuló una acción del  Colegio de Martilleros de Mar del Plata contra los profesionales que contratan servicios inmobiliarios complementarios para desarrollar sus actividades.

Y más allá de la infructuosa “lucha contra las franquicias” que encararon los Colegios en los últimos años, los profesionales han denunciado otro tipo de persecución y amenazas. Así lo advirtió recientemente el martillero que impulsa el sistema MLS (que se basa en una premisa de colaboración entre inmobiliarias) en la localidad de Olavarría, Diego Ibarlucía. El avance del sistema MLS –estructurado sobre el networking, la colaboración, la transparencia, la formación continua y el uso de las nuevas tecnologías– fue muy mal recibido por los dirigentes de Martilleros BA. Tal como denunció Ibarlucía, a medida que el modelo se posiciona entre los clientes que buscan precios justos, los sectores de poder dentro del mercado inmobiliario se ocupan de obstaculizar su desarrollo.

Mientras los Colegios se empecinan en perseguir a profesionales sin fundamentos razonables –más allá de la intención de atomizar el mercado–, muchos de los dirigentes de esas entidades recurren a agentes inmobiliarios de forma disimulada (aunque frente a las cámaras los critican) o hacen la vista gorda frente a la apertura de nuevos sistemas de franquicias, como ocurre con la red inmobiliaria Vremont: por medio de licencias, la red que ya cuenta con 16 inmobiliarias busca atraer a profesionales que tengan “compromiso con la ética profesional y ganas de ser parte de una comunidad”.

Amedrentamientos judiciales que terminan en un despilfarro de dinero por parte de los Colegios, prácticas burdas e inconsistencias sistemáticas son las que llevan a cada vez más profesionales a señalar el fin de una forma de concebir la actividad inmobiliaria.