El Concejo Deliberante de Pilar aprobó la Ordenanza 109/26, que creó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos.

La norma, impulsada por la gestión de Federico Achával, apunta a reforzar los controles sobre desarrollos inmobiliarios, emprendimientos comerciales y otras inversiones que requieran habilitación o autorización municipal.

La iniciativa fue sancionada por 18 votos afirmativos y cuatro negativos. En contra votaron los concejales de La Libertad Avanza Andrés Genna, María Ratti Repetto, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas Onganía.

Qué tendrán que informar los inversores

Uno de los principales cambios será la exigencia de una Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos en los casos alcanzados por la reglamentación.

La documentación deberá permitir identificar quién realiza la inversión, cuál es su actividad económica, cuánto dinero destina al proyecto, de dónde provienen esos recursos y quién es el beneficiario final cuando intervienen sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas.

También habrá controles reforzados para operaciones de mayor magnitud o aquellas en las que resulte difícil justificar el origen de los fondos o determinar quién está detrás de la inversión.

La norma permite además frenar trámites municipales ante incumplimientos graves, documentación falsa u ocultamiento de información.

Un control municipal, no una investigación penal

El nuevo régimen no convierte al Municipio en un organismo encargado de investigar delitos de lavado de activos.

Su alcance se limita a las competencias locales sobre habilitaciones, permisos y autorizaciones. Las investigaciones penales continúan bajo la órbita de la Justicia federal y los organismos nacionales correspondientes.

El antecedente de Pilar Bicentenario

La aprobación de la ordenanza tiene como telón de fondo el caso Pilar Bicentenario, uno de los antecedentes judiciales más resonantes del distrito.

La investigación federal vinculó fondos provenientes del narcotráfico con sociedades utilizadas en emprendimientos inmobiliarios de Pilar. Entre ellos aparecieron Pilar Bicentenario, Country Urbano e Ínsula Urbana.

En 2019, la Justicia dispuso el decomiso definitivo sin condena de participaciones accionarias vinculadas a Pilar Bicentenario e Ínsula Urbana, en el marco de una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El expediente continuó abierto en distintas instancias y durante 2026 hubo nuevas apelaciones de la fiscalía sobre decisiones tomadas respecto de varios imputados.

Con la nueva ordenanza, Pilar busca sumar una instancia de control previo sobre el origen de los capitales que pretendan ingresar a proyectos sujetos a autorización municipal.