El exintendente del PRO, Nicolás Ducoté, recibió un nuevo revés judicial luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el pedido para suspender el juicio oral por el presunto manejo irregular de fondos nacionales destinados a microcréditos en Pilar.
La defensa había solicitado frenar o postergar el debate hasta que finalizaran las pericias contables vinculadas con los programas de microcréditos. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín había rechazado esa solicitud antes del inicio del proceso.
Ante esa decisión, los abogados del exjefe comunal presentaron una queja ante Casación. El argumento principal apuntó a que los estudios pendientes podían resultar relevantes para el desarrollo del juicio y para la estrategia de la defensa.
Sin embargo, cuando la Cámara Federal de Casación Penal analizó el planteo, el debate oral ya había comenzado. Por ese motivo, el tribunal consideró “inoficioso” avanzar sobre el pedido y dejó firme la continuidad del proceso.
El juicio había comenzado el 3 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. Nicolás Ducoté quedó así sometido al debate junto con otros nueve acusados, mientras la Justicia continúa con la producción de pruebas.
El expediente analiza el destino de fondos que el Estado nacional transfirió al Municipio de Pilar entre 2017 y 2019. El dinero había sido asignado a programas de microcréditos durante la gestión del entonces intendente.
La acusación contempla una presunta malversación de caudales públicos y una supuesta violación de los deberes de funcionario público. La investigación busca determinar qué ocurrió con los recursos y las eventuales responsabilidades de los involucrados.
El expediente fue impulsado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Los procesamientos dictados durante la investigación fueron luego confirmados por la Cámara Federal de San Martín.
Además del planteo vinculado con las pericias, las defensas habían cuestionado otros aspectos del expediente. Entre ellos apareció un pedido de nulidad de la investigación por una supuesta afectación del derecho de defensa.
Los jueces consideraron que las defensas no habían logrado acreditar afectaciones constitucionales concretas ni un riesgo para el debido proceso o la imparcialidad del magistrado que intervino durante la etapa de investigación.
El proceso continuará este miércoles 2 de septiembre de manera virtual. La producción de pruebas tendrá un papel central para establecer las responsabilidades que correspondan a los diez acusados.
La decisión de Casación dejó sin efecto, en los hechos, la posibilidad de suspender el debate por el planteo formulado antes de su comienzo. El expediente continuará ahora con el juicio oral mientras avanzan las medidas probatorias pendientes.
El tribunal deberá evaluar durante el proceso la evidencia incorporada a la causa y los argumentos de las partes. El resultado permitirá establecer si existieron las irregularidades que sostiene la acusación o si los imputados deben ser desvinculados de los cargos.